Cuarto intermedio en la audiencia de apertura de investigación en la causa «Pollos de papel»

La audiencia se inició con la lectura de los hechos que trae aparejada la apertura de investigación por parte del Ministerio Público Fiscal, a cargo de los fiscales generales Julieta Gamarra y Lucas Papini, de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Contra la Administración Pública (UFE-DAP).
Sin embargo, por un nuevo pedido de uno de los defensores, el juez resolvió suspender el desarrollo de la audiencia, lo que impidió que el Ministerio Público Fiscal pudiera presentar la totalidad de los fundamentos de la acusación. De todos modos, en la audiencia la fiscalía elevó la acusación para los exfuncionarios por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles, incumplimiento de deberes de funcionario público y uso de documento falso.
También los comerciantes por falsificación de documento privado, uso de documentos falso y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
La acusación recae en Angel Castillo y Marcelo Olivera, exsecretarios de Desarrollo Social y de Hacienda, respectivamente; Diego Catrimay, exjefe del Programa de Protección Social; Eliana Gómez, excoordinadora del área de Contrataciones, y Cristina Siri, exjefa del Programa Despacho.
Desde la Unidad Fiscal se destacó la voluntad de avanzar con la formalización de la apertura de investigación en esta instancia, a fin de evitar nuevas dilaciones en una causa de relevancia institucional y social.
La investigación abarca hechos presuntamente ocurridos entre 2022 y 2023, en los que exfuncionarios y proveedores habrían manipulado procedimientos de contratación pública para desviar mercadería adquirida en el marco del Programa de Asistencia Alimentaria, destinada a sectores sociales vulnerables.
Según el MPF se instrumentó una «red de corrupción estructural», que intervino de modo «espurio e interesado». Se desprendió además que «fue una maniobra delictiva organizada y reiterada orientada a burlar los procedimientos de contratación pública, desviar bienes del Estado con fines políticos y disfrazar el gasto como asistencia social».
Es decir, la mercadería adquirida nunca cumplió el propósito real: llegar con esa ayuda a los sectores más vulnerables de la ciudad.
El perjuicio económico para el Estado se estimó en casi 179 millones de pesos, y los potenciales imputados son siete personas.epigrafe: Los acusados estuvieron presentes en la segunda audiencia. Por otra parte, los jueces resolvieron un cuarto intermedio hasta inicios de noviembre, aunque no está confirmada la fecha.