Cooperativa de Rawson: Intervención y secuestro

«El Juzgado Federal de Rawson dispuso la prórroga de la intervención judicial de la Cooperativa de Servicios Públicos, Consumo y Vivienda hasta el próximo 9 de febrero de 2027. La resolución, suscripta por el juez Hugo Ricardo Sastre, ratifica en sus funciones al interventor Juan Manuel Ibáñez y a su equipo de colaboradores, extendiendo el proceso que comenzó a principios de 2025 tras una presentación del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). La determinación judicial se apoyó en el análisis del octavo informe de gestión presentado recientemente por la intervención, el cual da cuenta de una marcada recuperación administrativa y operativa de la entidad capitalina».

Este proceso que comenzó en febrero de 2025 se extiende así, a los dos años de duración, tiempo absolutamente excesivo para una medida cautelar excepcional y provisoria que, en la práctica, le dio al Estado Nacional y a unos forasteros, el poder de inmiscuirse temporalmente en la vida y funcionamiento de la entidad, tal cual sucediera en la Cooperativa de Trelew.

También ha trascendido, que el juez ha expresado, haber valorado los resultados obtenidos hasta la fecha, que continúan siendo «favorables tanto para la institución como para los usuarios». De los ocho informes que ha presentado el interventor, los vecinos de Rawson escasamente solo conocen que son esa cantidad, pero, justamente los usuarios consumidores, que revisten la calidad de asociados de la entidad, desconocen absolutamente todo y solo escuchan trascendidos y noticias de internet, o pasillos de la capital.

Dando lectura a algunos datos de estos informes, y repasando las notas periodísticas, resulta curioso advertir, que la autoridad judicial y las pocas expresiones públicas del equipo interventor, formado por varias personas, han orientado sus escasos comentarios e informes, únicamente hacia la gestión y operación de los servicios, pero casi nada a la institucionalidad de la entidad, que fuera un argumento y objetivo notable, para ejecutar la medida extraordinaria de intervenirla.

En febrero de 2027 habrán consumido dos años, posiblemente como hasta ahora, sin dar a conocer ninguna acción orientada a recomponer asuntos específicos que tienen que ver con los usuarios asociados y el futuro de la prestataria, con algunas medidas que podrían haberse encarado, dada la libertad de acción que la intervención les dio, con el desplazamiento total de los órganos de administración y fiscalización y una agenda de trabajo que han extendido notablemente.

También es llamativo que desde la Justicia federal y la oficina de la intervención se aborde el tema de la concesión, expresando que ...» A la par de las negociaciones energéticas, la agenda inmediata de la intervención contempla la definición del nuevo contrato de concesión de los servicios municipales, el diseño de un esquema tarifario sostenible y la culminación de diversos programas de modernización».

Una verdadera revelación de intenciones, donde ya se mezcla de forma descubierta, no solo los alcances desbordados de esta intervención, ahora también comunican el avance sobre asuntos y jurisdicciones que no le competen. Ningún concejal, ni el Intendente, han comentado al respecto, solo una que otra voz, de algún vecino por las redes, queriendo despertar a los demás.

Al igual que otras entidades, la intervención de la cooperativa de Rawson, ya ha puesto los zapatos en la ventana, esperando el regalo de los reyes magos, con la aprobación de la denominada Ley de Zonas Frías, que sería algo así como lograr el famoso «borrón y cuenta nueva».

Las crónicas relatan así estos vericuetos intervencionistas ... «Pese a los indicadores positivos, la Justicia evaluó indispensable otorgar un plazo adicional de cuatro meses para encarar asuntos importantes que todavía demandan resolución». Hay que deducir que entre los asuntos importantes aparecen justamente la hipotética aprobación de esta ley, la concesión y estos «diversos programas de modernización» que sería muy interesante conocerlos, así como sería muy interesante también e instructivo, que expliquen a los usuarios consumidores, lo del «esquema tarifario sostenible».

Todo esto, ha trascendido, habría motivado al juez, para extender una vez más este período de intervención «para lograr que, al finalizar el proceso tutelar, la prestadora sea restituida a sus asociados en un marco de equilibrio económico y financiero sustentable».

El pronóstico sobre lo institucional, ya lo hemos formulado y hemos analizado las crisis que generaron el escenario previo a este periodo tan extendido. Las causas fundamentales que gestaron estas intervenciones, siguen vigentes, porque el sistema de prestación de servicios públicos, en manos de las cooperativas no se ha transformado, no se ha actualizado, ni se ha saneado. Pretender que, con el logro de ciertos objetivos, económicos y financieros principalmente, se ha encontrado la solución, se ha alcanzado la meta y puede devolverles la entidad secuestrada a sus asociados, es el más grande error cometido por estos procesos que no han sido acompañados de la reforma institucional de las entidades.

«El cambio, una puerta que se abre desde adentro». Desde afuera, ninguna intervención les dará a las cooperativas de servicios públicos, las herramientas y la voluntad necesaria para llevar a cabo el cambio indispensable y transformarse, con la convicción necesaria para hacerlo.