La UNESCO pidió suspender las obras del oleoducto que llega al Golfo San Matías por su impacto en Península Valdés

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El Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO incluyó en su agenda de análisis sobre el estado de conservación de Península Valdés una serie de denuncias vinculadas al Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), el proyecto que transportará crudo desde la Cuenca Neuquina hasta una nueva terminal de exportación construida en Punta Colorada, sobre el Golfo San Matías, en la provincia de Río Negro. El organismo internacional recibió entre julio de 2024 y agosto de 2025 sucesivas presentaciones de terceros que alertaron sobre el riesgo de daño irreversible al valor natural del sitio, declarado Patrimonio de la Humanidad, debido a su cercanía con la obra portuaria, ubicada a unos 30 kilómetros de los límites del área protegida.

Según el documento difundido por el Centro de Patrimonio Mundial, al que tuvo acceso EL CHUBUT, la preocupación central radica en que los límites norte de Península Valdés incluyen zonas costeras y marinas del golfo, ecológicamente conectadas con el ecosistema donde se emplazará la terminal. Buena parte de los atributos que sustentan el reconocimiento del sitio están asociados a la presencia de mamíferos marinos y aves costeras, por lo que cualquier actividad industrial en ese entorno fue considerada de “alto riesgo” para la conservación del área.

Los cuestionamientos al proyecto

Las presentaciones recibidas por la UNESCO señalaron, además, que el proyecto fue habilitado a partir de una reforma legislativa impulsada en 2022, que dejó sin efecto una prohibición previa sobre actividades de exploración y explotación de petróleo y gas en el Golfo San Matías y en aguas jurisdiccionales de Río Negro, incluida la construcción de terminales de carga vinculadas a esa actividad. A este punto se sumaron reparos sobre la falta de una instancia participativa adecuada durante el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), así como advertencias sobre riesgos concretos que el proyecto podría generar, entre ellos el incremento del tráfico de buques y el consecuente peligro de colisión con cetáceos, la contaminación acústica submarina y la posibilidad de derrames de petróleo en una zona de alta sensibilidad ecológica.

El Comité remarcó, en ese sentido, que la construcción del oleoducto y su terminal marítima “plantea preocupaciones significativas” respecto de los posibles impactos sobre el Valor Universal Excepcional del sitio, y observó con inquietud que las obras de la terminal ya se encuentran en ejecución. De acuerdo con la información pública del propio proyecto VMOS, la puesta en marcha del sistema de exportación de crudo está prevista para 2026, con la posibilidad de que en el futuro se incremente el volumen de petróleo despachado desde Punta Colorada.

La respuesta del Estado argentino y el rol de Chubut

Frente a los requerimientos del organismo internacional, el Estado argentino remitió una respuesta el 15 de diciembre de 2025. En ese informe, el gobierno de Chubut —jurisdicción responsable de la administración de Península Valdés— trasladó al Centro de Patrimonio Mundial la información que le fue suministrada por las autoridades de Río Negro, provincia donde se desarrolla el proyecto. Según ese reporte, el VMOS constituye un proyecto estratégico de alcance nacional que conecta la Cuenca Neuquina con la nueva terminal de exportación de Punta Colorada.

La respuesta oficial detalló que se realizó un Estudio de Impacto Ambiental que contempla, según lo informado, la evaluación de los impactos ambientales, las medidas de mitigación y gestión ambiental para las etapas de planificación, construcción, operación y mantenimiento, junto con mecanismos de monitoreo y control. También se hizo referencia a un plan de contingencia con protocolos de respuesta ante eventuales derrames u otros incidentes, y a un Plan de Gestión Ambiental que define medidas de prevención, mitigación y monitoreo para la terminal y su infraestructura asociada. El informe consignó además un compromiso asumido entre la empresa a cargo del proyecto y el gobierno de Río Negro para implementar un sistema de monitoreo permanente en el Golfo San Matías, y confirmó que las tareas de construcción de la terminal de carga en Punta Colorada se encuentran en desarrollo.

Por su parte, el gobierno de Chubut remarcó que cualquier precisión adicional sobre el proyecto debía requerirse a las autoridades de Río Negro, en tanto jurisdicción a cargo de la obra, y reafirmó su compromiso con la protección de Península Valdés a través de las actividades de gestión que lleva adelante, entre ellas el manejo pesquero, el monitoreo marino, la evaluación de la efectividad de gestión del área protegida y la actualización del Plan de Gestión 2023-2025 del sitio.

El análisis del Centro de Patrimonio Mundial y la UICN

Al evaluar la respuesta argentina, el Centro de Patrimonio Mundial y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) sostuvieron que, si bien se reportó la realización de un EIA y el desarrollo de medidas de mitigación, monitoreo y respuesta ante emergencias, “no resulta claro” si ese estudio evaluó adecuadamente los impactos potenciales del proyecto sobre el valor del sitio protegido, y por lo tanto tampoco puede determinarse si las medidas de mitigación resultan suficientes. El organismo señaló también que existe información limitada sobre cómo se gestionarían los riesgos durante la etapa operativa ante eventuales incidentes, en particular en relación con el ecosistema marino de Península Valdés, y que no queda claro si la fase de transporte marítimo fue debidamente contemplada en el estudio.

El informe puso de relieve, además, un problema de fondo vinculado a la fragmentación de responsabilidades institucionales entre jurisdicciones provinciales: mientras que el estudio de impacto ambiental fue elaborado por la provincia de Río Negro, quien respondió formalmente ante la UNESCO fue el gobierno de Chubut, lo que derivó en una información “limitada y fragmentada”. En ese punto, el organismo recordó que las obligaciones del Estado argentino en el marco de la Convención de Patrimonio Mundial —conforme sus Artículos 4 y 5— corresponden al Estado en su conjunto, y que resulta necesaria una coordinación efectiva entre las distintas jurisdicciones involucradas para garantizar la protección del sitio.

La decisión del Comité: pedido de información y suspensión de obras

Sobre la base de ese análisis, el proyecto de decisión identificado como 48 COM 7B.85 estableció una serie de definiciones. El Comité de Patrimonio Mundial tomó nota “con preocupación” de los altos riesgos que representa el VMOS para el Valor Universal Excepcional del sitio, particularmente en relación con sus atributos marinos y costeros, y también expresó preocupación por el hecho de que las obras en la terminal portuaria ya se encuentren en desarrollo, con una fecha de inicio de operaciones prevista para 2026.

El organismo lamentó que, pese a que el Estado Parte informó la realización de un estudio de impacto ambiental y la identificación de medidas de mitigación, no se hayan aportado precisiones sobre cómo ese estudio consideró específicamente los valores y atributos que sustentan el reconocimiento del sitio. En consecuencia, el Comité resolvió solicitar a la Argentina que presente con urgencia ante el Centro de Patrimonio Mundial, para su revisión por parte de la UICN, información adicional que incluya el trazado del oleoducto y de la infraestructura asociada, la ruta de navegación de los buques en el golfo durante las etapas de construcción y operación —especialmente en relación con los límites del sitio protegido—, el estudio de impacto ambiental completo junto con el Plan de Gestión Ambiental, y precisiones sobre los procesos participativos llevados adelante durante la evaluación y la toma de decisiones.

Como medida más contundente, el Comité solicitó a la Argentina suspender las obras de construcción en curso vinculadas al proyecto hasta tanto se complete la evaluación de impacto conforme a la Guía y las herramientas para evaluaciones de impacto en contextos de Patrimonio Mundial, y se remita la información requerida al Centro de Patrimonio Mundial, en línea con lo previsto en el Párrafo 172 de las Directrices Operativas.

El documento incluyó, asimismo, un llamado a fortalecer la coordinación interinstitucional entre los niveles nacional y provincial para garantizar el cumplimiento efectivo de las obligaciones asumidas por la Argentina en el marco de la Convención, y solicitó que se informe sobre cualquier modificación legislativa o normativa que pueda afectar el valor del sitio, en referencia directa a los cuestionamientos sobre la reforma de 2022. 

Finalmente, el Comité fijó como plazo el 1 de febrero de 2027 para que el Estado argentino presente un informe actualizado sobre el cumplimiento de estos requerimientos, que será examinado en la 49ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial.