Vecino de Madryn presentó proyecto de ley provincial para regular las actividades de alto impacto en Chubut

El autor enmarca su propuesta en el debate nacional sobre normativa ambiental y desarrollo productivo, y recuerda que, de acuerdo con la Constitución Nacional, son las provincias las que tienen el dominio originario sobre sus recursos naturales y, por lo tanto, la responsabilidad de definir cómo se autorizan y controlan las actividades que pueden afectarlos. Según plantea el proyecto, la discusión pública suele reducirse a una lógica de «permitir o prohibir», cuando en realidad toda actividad humana —ya sea minería, turismo o industria— implica riesgos que pueden gestionarse de manera técnica, transparente y auditable.
Uno de los ejes centrales de la propuesta es la jerarquización institucional de las áreas técnicas del Estado vinculadas a Higiene y Seguridad, Ambiente y Control y Fiscalización. El texto sostiene que estas áreas suelen existir solo en el papel, sin capacidad real de incidir en las decisiones, y propone que tengan rango mínimo de Dirección General o Subsecretaría, que intervengan de manera obligatoria desde la planificación de cualquier proyecto, y que estén a cargo de profesionales matriculados y especializados, sin actividad político-partidaria activa. Además, establece que ningún funcionario técnico podrá ser sancionado por emitir dictámenes fundados, buscando blindar su autonomía frente a presiones políticas o económicas.
El proyecto también pone el foco en la participación ciudadana, a la que define como condición necesaria —y no meramente informativa— en la etapa previa a cualquier autorización. Las comunidades afectadas deberán contar con instancias de consulta, acceso a la información técnica y canales formales para expresarse y hacer seguimiento de los proyectos.

Otro de los puntos centrales es el del recurso hídrico. El proyecto declara el acceso al agua para la población como prioritario, indelegable e irrenunciable, y establece que en zonas donde el agua sea escasa o vulnerable, ninguna actividad de alto impacto podrá autorizarse sin que antes se garantice un abastecimiento de agua seguro e independiente para la comunidad. Para eso, el Estado provincial podría exigir a las empresas la implementación de soluciones como plantas de desalinización de agua de mar o sistemas de potabilización y tratamiento, priorizando siempre el consumo humano por sobre el uso productivo.
Según su autor, la propuesta no busca saldar la discusión sobre qué actividades deben o no desarrollarse en la provincia, sino aportar una herramienta para discutir cómo se toman esas decisiones y bajo qué condiciones se garantiza la seguridad, el ambiente y el bienestar de las comunidades.