En qué invirtió CNEA el crédito internacional que recibió
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En julio de 2008 el Banco Mundial otorgó a la Comisión Nacional de Energía Atómica un Crédito por 30 millones de dólares, al que se sumó una partida propia de 4,5 millones, con el objeto de financiar en todo el ‘país el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio. El referido Proyecto presentó documentación en el XI Congreso Argentino de Seguridad Radiológica y Nuclear y estudio del INAP de 2023, sobre el destino de esos recursos.
Muy acertadamente la CNEA otorgó prioridad a la remediación del abandonado antiguo Complejo Fabril Malargüe, provincia de Mendoza. Allí, a escasos mil metros de la plaza principal de la localidad, se había instalado una planta de tratamiento de mineral de uranio, extraído de dos minas próximas. La decisión de la ubicación de esa planta fue un grave error que era preciso corregir.
Las obras consistieron fundamentalmente en trasladar y concentrar dentro del mismo predio los materiales contaminados, construir un encapsulado de ingeniería con distintas barreras de protección, incorporar drenajes para controlar el nivel del agua subterránea, retirar suelos afectados por la actividad industrial y colocarlos dentro del encapsulado y realizar controles radiológicos y ambientales.
La cantidad de material a encapsular fue de aproximadamente 710.000 toneladas, en una superficie de 12 hectáreas.
Posteriormente se construyó un parque temático denominado El Mirador, en un predio de 42 hectáreas. Los trabajos se dieron por concluidos en 2017.
El Parque El Mirador, tuvo prolongados períodos de cierre desde su inauguración en septiembre de 2017. No hubo una única razón. Se fueron acumulando problemas de infraestructura, mantenimiento, administración y, posteriormente, cuestiones legales relacionadas con la titularidad y transferencia del predio, fueron las causas que se divulgó.
En 2026 la Auditoría General de la Nación (AGN) examinó expresamente el caso y encontró incumplimientos de la CNEA en la transferencia del parque.
En marzo de 2018, a escasos 7 meses de la inauguración debió cerrarse por fallas constructivas, veredas deterioradas, roturas de cañerías, problemas de riego y trabajos de parquización pendientes, según se informó.
Había cierta preocupación radiológica que, por supuesto, no era un problema administrativo. Las 710.000 toneladas de colas de procesamiento de uranio habían permanecido expuestas durante décadas antes de la remediación.
En 2021 Se denunciaba falta de mantenimiento y abandono. Una concejala reclamó aclarar quién era responsable y qué convenio existía con la CNEA.
En 2023 el Concejo Deliberante aprobó la Ordenanza 2250/2023, que estableció controles radiológicos bimestrales en el parque y viviendas próximas. En 2002 se habían tomado muestras en cursos de agua próximos al antiguo complejo fabril. Según los antecedentes incorporados en la Ordenanza, dos muestras presentaron concentraciones elevadas de uranio.
En 2024 se informó de una reapertura puntual para una visita institucional, pero el parque continuó sin funcionamiento regular.
El 31 de diciembre de 2024 la CNEA reconoció oficialmente que permanecía cerrado por cuestiones administrativas vinculadas con su transferencia.
La referida Ordenanza Municipal de septiembre de 2023 dispuso registro y control bimestral de los niveles de radiación, solicitando informes periódicos a la CNEA. Además, resolvió compra de detectores Geiger para la Dirección de Ambiente, convenir con el área sanitaria para realizar un censo de salud de los habitantes de la zona. Esas disposiciones demuestran la inquietud de la población ante la situación del sitio y las fundadas sospechas de contaminación radiológica.
En su informe al Congreso correspondiente al ejercicio 2024, la propia CNEA explicó que la remediación había finalizado en 2017 y que seguían realizándose tareas de vigilancia y mantenimiento.
La cesión definitiva del Parque El Mirador a la Municipalidad de Malargüe estaba pendiente de tramitación ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Recién en diciembre de 2024 se inició un expediente para solicitar un permiso precario de uso gratuito.
Hasta concretar esa transferencia que posiblemente en forma deliberada postergaba la CNEA, el parque permanecía cerrado al público. Según la explicación oficial, el cierre de fines de 2024 obedecía a una cuestión administrativa y patrimonial, no a una declaración de emergencia radiológica, no obstante, por alguna razón, la población continuaba inquieta, preocupada e insastifecha.
La Auditoría General de la Nación intervino en 2026, recomendando regularizar la transferencia y avanzar con la apertura al público.
Si se efectuó monitoreo que estableció la Ordenanza, desconozco los resultados.
En otra oportunidad veremos qué pasó con otros sitios contaminados en el país.
